La Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzará el próximo miércoles su primer receso de 2026 con un rezago de más de
800 expedientes sin resolver. Su regreso, previsto para el
3 de agosto, dará inicio a una carrera contra el reloj para desahogar
63 asuntos tributarios y penales cuyo plazo constitucional expira antes de que concluya el año, varios de ellos arrastrados de la integración previa y todavía sin sentencia.
Entre los litigios de mayor calado sobresalen dos casos iniciados en 2023 que obligarán al máximo tribunal a fijar criterio sobre la
prisión preventiva oficiosa y sobre el llamado doble cobro del
Impuesto al Valor Agregado en aduanas. Este segundo asunto permanece detenido desde 2024 y su desenlace compromete una cifra superior a los
44 mil millones de pesos.
Una comisión para sostener la justicia en pausa
Durante el periodo vacacional, los ministros
Giovanni Figueroa Mejía y
Loretta Ortiz Ahlf integrarán la Comisión de Receso, instancia encargada de atender los trámites urgentes y garantizar que las funciones esenciales de la justicia constitucional no se detengan.
Un pleno con saldo positivo y pendientes de alto impacto
El nuevo pleno, encabezado por el ministro presidente
Hugo Aguilar Ortiz, exhibe un balance favorable: ha resuelto más del
97 por ciento de los 2 mil 178 expedientes que heredó de la integración anterior, además de desahogar los asuntos ingresados en los meses recientes. El avance, no obstante, no borra la presencia de casos de enorme sensibilidad que siguen sin definición.
Un banco genético bajo la lupa constitucional
Uno de esos pendientes es el amparo en revisión
39/2022, turnado al ministro Giovanni Figueroa, que examina la constitucionalidad del banco de
ácido desoxirribonucleico con fines forenses operado por el Gobierno de la Ciudad de México. La resolución sentará precedente sobre los límites del uso estatal de información genética.
Prisión preventiva: una deuda con la Corte Interamericana
El tribunal conserva al menos
ocho expedientes ligados a la prisión preventiva oficiosa. Entre ellos figura el asunto internacional
3/2023, que definirá la ruta que deberá seguir el Poder Judicial para acatar la sentencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ordenó al Estado mexicano abandonar la aplicación automática de esa medida cautelar y del arraigo.
El rezago en cifras
Los registros públicos del alto tribunal dimensionan el reto: restan por resolver
340 acciones de inconstitucionalidad y
417 controversias constitucionales. A ello se suman
33 asuntos tributarios sujetos al plazo constitucional de seis meses, de los cuales doce ya vencieron y cinco lo harán el próximo año.
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