La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió una suspensión al gobernador de Nuevo León,
Samuel García, que impide separarlo del cargo o inhabilitarlo dentro del
juicio político promovido por la Comisión Anticorrupción del Congreso local. La medida, aclaró el máximo tribunal, no interrumpe el avance del procedimiento.
Una suspensión con alcance acotado
El fallo delimita con precisión su efecto: las autoridades pueden continuar el trámite y desahogo del proceso, pero no ejecutar ninguna determinación orientada a retirar al mandatario de su función o a inhabilitarlo, al menos hasta que se resuelva el fondo de la
controversia constitucional. En otras palabras, el juicio sigue su curso, aunque cualquier resolución que ordene su salida quedaría congelada.
El razonamiento del máximo tribunal
La Corte sostuvo que negar la medida podría causar un daño de difícil reparación, pues el tiempo fuera de un cargo de
elección popular resulta irrecuperable. Con ello, argumentó, se preserva el normal desarrollo de la administración pública estatal y el adecuado ejercicio de las funciones del titular del Ejecutivo. El tribunal subrayó, además, que la suspensión no compromete la seguridad ni la economía nacionales, ni las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano.
La versión del gobernador
La noche del lunes,
Samuel García celebró la decisión en Instagram y afirmó que la Corte había admitido y suspendido el juicio político en su contra. La denuncia, presentada por
Morena, alega violaciones a la Constitución Federal e inconsistencias en el desarrollo del procedimiento. El gobierno estatal atribuyó la resolución a la falta de pruebas y al hecho de que el caso se sustentaría en notas periodísticas y en denuncias todavía en trámite.
La lectura del Congreso local
Para
Ricardo Tamez, asesor jurídico del Congreso de Nuevo León, esta suspensión difiere del amparo que el gobernador obtuvo en la entidad. Según explicó, la Corte sí autoriza al Legislativo y al Tribunal Superior de Justicia a resolver en definitiva, y solo en caso de que se sancione la destitución se suspendería su ejecución. A su juicio, la decisión servirá para impugnar el amparo estatal ante el
Tribunal Colegiado de Circuito y exigir que se respete lo determinado por el máximo tribunal.
El origen del conflicto
El viernes previo, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de Nuevo León había concedido un amparo para frenar, de momento, la votación del juicio político. La disputa se remonta al
12 de junio, fecha en que arrancó el procedimiento en el Congreso local.
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