El Gobierno de México puso en marcha una estrategia legal y diplomática en Estados Unidos por la muerte de
17 personas mexicanas relacionadas con acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como
ICE. De ese total, catorce fallecieron bajo custodia migratoria y tres durante operativos, según datos del propio Gobierno federal retomados por agencias internacionales.
Cuatro vías abiertas por la Cancillería
De acuerdo con un comunicado de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, las medidas comenzaron el lunes 13 de julio e incluyen denuncias ante autoridades federales y estatales, requerimientos dirigidos a centros de detención y una solicitud de intervención al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La dependencia precisó que todas estas acciones se encuentran en etapa de investigación y que aún no representan sentencias, indemnizaciones ni una resolución que atribuya responsabilidad penal o civil.
Una denuncia en preparación ante el Departamento de Justicia
En coordinación con la
Fiscalía General de la República, la SRE prepara una denuncia que será entregada al Departamento de Justicia estadounidense a través de la Embajada de México. El comunicado no detalló qué personas, instituciones o empresas serían señaladas ni los posibles delitos a investigar, por lo que debe entenderse como una medida en trámite que aún no ha sido recibida formalmente por la autoridad estadounidense.
Denuncias ante fiscalías estatales
El Gobierno mexicano también inició la presentación de denuncias ante las fiscalías estatales donde ocurrieron los fallecimientos. La Embajada y la red de consulados participarán entregando información, acompañando a las familias y solicitando que las autoridades locales investiguen cada caso. La presentación de una denuncia, sin embargo, no implica que una fiscalía haya aceptado los argumentos ni que se hayan formulado cargos.
Advertencias formales a los centros de detención
La Cancillería comenzó a enviar escritos de cese y desistimiento a los centros donde han muerto connacionales. El primero se dirigió al
Centro de Detención de Adelanto, en California, donde según el Gobierno de México fallecieron cuatro personas. El documento pide detener acciones u omisiones que pudieron contribuir a esas muertes, entre ellas posibles retrasos en la atención médica, y funciona como paso previo a eventuales demandas civiles.
El llamado ante la ONU
El titular de la SRE envió una comunicación a
Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, para solicitar que recabe información de las autoridades estadounidenses, analice los hechos frente a las obligaciones internacionales de Estados Unidos, emita recomendaciones y remita los casos a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. La petición no supone que Naciones Unidas haya determinado la existencia de violaciones a los derechos humanos.
Qué busca México y qué responde Washington
Las cuatro vías apuntan a reunir pruebas, esclarecer cómo ocurrieron las muertes e identificar responsabilidades, lo que podría derivar en investigaciones penales, acciones civiles contra operadores de centros, solicitudes de reparación o cambios en protocolos médicos y de uso de la fuerza. Por su parte, el
Departamento de Seguridad Nacional estadounidense ha sostenido que las personas detenidas reciben debido proceso y atención conforme a los estándares aplicables, y ha rechazado que las muertes hayan aumentado bajo la actual administración.
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