La presidenta
Claudia Sheinbaum Pardo firmó y envió al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de
feminicidio. Su propósito es garantizar la cero impunidad mediante la homologación, en todo el país, de los mecanismos de investigación y de las sanciones contra este delito.
El objetivo de la iniciativa
La mandataria sostuvo que erradicar el feminicidio exige combinar la prevención, la atención y la educación en igualdad con la cero impunidad. Explicó que la ley busca que todas las fiscalías del país trabajen el delito de la misma forma, que se evite al máximo catalogarlo como suicidio y que se atienda el hecho de que, en la mayoría de los casos, el presunto responsable es un familiar. Recordó, además, que el delito registra una disminución del
36 por ciento respecto a 2021, aunque fijó como meta que no ocurra ni uno solo.
Un tipo penal homologado
La consejera jurídica del Ejecutivo,
Luisa María Alcalde Luján, detalló que la iniciativa unifica el tipo penal en todo el territorio y establece que comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. El texto define diez razones para su acreditación, entre ellas signos de violencia sexual, antecedentes de violencia contra la víctima o contextos de asimetría de poder, y fija una pena de
50 a 70 años de prisión.
Agravantes y castigos adicionales
La propuesta contempla
19 agravantes que incrementan la pena en una mitad, como que la víctima esté embarazada, viva con discapacidad, sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante, o que el delito lo cometa una persona servidora pública. El responsable perderá además los derechos sucesorios, la patria potestad, la tutela y la custodia, y será inhabilitado para cualquier cargo público. La ley prohíbe excusas absolutorias y atenuantes, y establece que el delito, su sanción y la reparación del daño son
imprescriptibles.
Investigación con debida diligencia
La titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres,
Maribel Bojorges Beltrán, subrayó que la investigación deberá realizarse con perspectiva de género, debida diligencia reforzada, análisis de contexto y adecuada preservación de indicios. La unidad que inicie la indagatoria deberá intervenir de forma continua en todas las etapas del proceso, desde su apertura hasta la ejecución de las sanciones, para garantizar la continuidad procesal y la protección de las víctimas.
Derechos de las víctimas y reparación
La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias,
Ingrid Gómez Saracibar, precisó que la ley reconoce el acceso a la verdad y la justicia, la atención médica y psicológica de urgencia, la asistencia jurídica gratuita y la atención integral para niñas, niños y adolescentes en orfandad. La reparación del daño deberá ser transformadora, efectiva y proporcional, con responsabilidades específicas para la Federación y las entidades en el bienestar de las hijas e hijos de las víctimas.
Política pública y red de apoyo
El esquema se articulará a través del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia, que verificará la existencia de mecanismos institucionales en todos los estados. Se crearán el
Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio y planes integrales de protección. El Gobierno recordó que ya opera una red de apoyo con mil Centros LIBRES, 85 Centros de Justicia, 99 espacios de refugio, la línea 079 y mil 200 Abogadas de las Mujeres en todo el país.
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